El Gobierno argentino dijo que el intento de golpe en Bolivia fue una "falsa denuncia"

El Gobierno argentino emitió un contundente comunicado en el que repudió la "falsa denuncia" de golpe de Estado en Bolivia presentada contra el presidente de ese país, Luis Arce. A través de la Oficina del Presidente, se desmintió categóricamente la acusación calificándola de "fraudulenta", respaldados por informes de inteligencia.

En el comunicado oficial, se destacó que, gracias a los reportes de inteligencia, el Gobierno mantuvo la calma y serenidad ante los hechos denunciados el pasado miércoles en La Paz, donde se registró la irrupción de militares en la Casa de Gobierno del país vecino. Se cuestionó la veracidad del relato difundido, señalando que los argumentos presentados no se ajustaban al contexto socio-político de Bolivia, un país donde el partido gobernante controla de manera hegemónica los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las fuerzas armadas.

Además, se advirtió sobre la vulnerabilidad de la democracia boliviana, no por un supuesto golpe de Estado, sino debido a la histórica tendencia de los gobiernos socialistas a derivar en dictaduras, mencionando como ejemplos a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte. En ese sentido, se hizo hincapié en la existencia de más de 200 presos políticos en Bolivia, incluyendo a figuras destacadas como la ex presidenta interina Jeanine Áñez Chávez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca.

En lo que respecta a los acontecimientos del pasado miércoles en La Paz, se informó que unidades militares se movilizaron y el comandante militar del país lideró un controvertido episodio en la Casa de Gobierno, que fue posteriormente controlado por la policía. El presidente Arce denunció el intento de golpe y designó nuevos líderes militares, resultando en la detención de excomandantes de las fuerzas armadas y la Armada, acusados de liderar la acción, con posibles penas de prisión de entre 15 y 30 años para los involucrados.

Finalmente, fue criticada la falta de pronunciamiento por parte del presidente Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel ante la situación en Bolivia, en contraposición al firme posicionamiento asumido por el Gobierno argentino en defensa de la estabilidad democrática en la región.