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Conductores alcoholizados o drogados que ocasionen accidentes deberán pagar todos los gastos
Es una iniciativa que pretende que el conductor debe reintegrar el costo que genere tanto su atención en el Sistema Público de Salud como la de los demás damnificados que intervienen en el siniestro vial.
En un proyecto pionero en Neuquén, diversas organizaciones sociales como Estrellas del Neuquén, Bien Argentino y Empatía han unido esfuerzos para promover una iniciativa destinada a concientizar sobre la seguridad vial y responsabilizar a quienes, debido al consumo de alcohol u otras sustancias prohibidas, generen siniestros viales.
La propuesta plantea que, en caso de producirse estos accidentes y requerir atención del sistema público de salud, los responsables deberán hacerse cargo de los gastos derivados de la misma.
La iniciativa, presentada por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y promovida por el legislador Gerardo Gutiérrez, fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Desarrollo Humano y Social, presidida por la diputada Verónica Lichter (PRO-NCN).
"Esto es innovador porque recién hace unos 15 días se aprobó en Mendoza una ley similar, Río Negro nos solicitó este proyecto de ley que nosotros ya estamos trabajando en la legislatura de Neuquén también para llevarlo adelante. Es una nueva herramienta para salvar vidas"
Dentro del marco de este proyecto de ley, se pretende establecer alternativas de sanciones para aquellos conductores que demuestren ser insolventes frente a los gastos médicos derivados de siniestros viales que provoquen. En este sentido, se plantea la posibilidad de restringir la conducción a aquellos que no puedan afrontar dichos costos y buscar mecanismos de recupero a través de sus propiedades, bienes o inmuebles.
Esta iniciativa, que se encuentra actualmente en fase de trabajo en la comisión A de la legislatura de Neuquén, busca no solo crear conciencia sobre la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad al volante, sino también establecer medidas concretas para garantizar una mayor protección para la población ante los riesgos asociados a la conducción irresponsable.
